El cierre de iDental provocó que el sector sanitario liderase por primera vez en la historia el ranking de reclamaciones de FACUA en 2018, tal y como informó dicha asociación hace unas semanas. Las telecomunicaciones y la banca ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Así, de las 3.605 reclamaciones sanitarias que inició FACUA a lo largo del año, 3.380 eran relativas a esta cadena de clínicas odontológicas.

 

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino advierte al próximo Gobierno y a las comunidades autónomas de que puede repetirse un escándalo similar si no se toman las medidas oportunas para impedirlo: “Este tipo de   clínicas corporativas, catalogadas como sociedades de intermediación con estructuras mercantiles complejas se escapan al control deontológico de los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos”.

 

Esta situación se podría evitar si la Administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados.

 

En este sentido, el Dr. Castro matiza que “la Organización Colegial no tiene ninguna competencia ni responsabilidad en cuanto al control de las clínicas dentales. Son las Consejerías de Sanidad o sus Departamentos de Inspección los organismos competentes para la concesión y renovación de las autorizaciones de los centros sanitarios, así como la inspección y control de estos”, por lo que sería necesario una mayor colaboración y control por parte de la Administración.

 

Conforme a la legalidad vigente, lo que sí pueden hacer los Colegios es denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento normativo por parte de una clínica dental, “tal y como hemos hecho desde 2015 los Colegios de Dentistas de toda España y el Consejo General con la compañía iDental y otras similares”, apunta el Dr. Castro.

 

Por otro lado, el Dr. Castro insiste en la necesidad de aprobar una ley de publicidad sanitaria para que la información que se difunda sea rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos, en definitiva, una publicidad informativa y no incitativa al consumo.

 

“Como siempre, el Consejo General de Dentistas se pone a disposición del próximo Gobierno y de la Administración para colaborar en todos los aspectos necesarios que eviten que se repitan escándalos y fraudes como el de iDental y otras clínicas similares”, zanja el Dr. Castro.


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