- El Consejo General de Dentistas de España, formado por los Colegios de Dentistas provinciales como el COEA (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante), asegura que el verdadero problema lo representa el modelo de este tipo de clínicas corporativas que están ideadas para captar el mayor número de clientes (que no pacientes) posible y aumentar exponencialmente la facturación. No prevalece la ética ni la calidad en la práctica odontológica, sino la cuenta de resultados.


Para ello se valen de una herramienta que es decisiva: la publicidad sanitaria, que en ocasiones es engañosa y persigue confundir al ciudadano. En el caso de iDental, se hablaba de “Dentistas con corazón”, “Dentocracia”, o “Un millón de euros en subvenciones privadas”, creando falsas expectativas en la población con mensajes falsos y dirigidos al estrato social más débil: las personas con menos recursos.


Esta cadena, que es obviamente una empresa privada, no concedía subvenciones. Lo que realmente sucedía es que supuestamente inflaban el precio de los tratamientos para luego aplicar grandes descuentos. Además, presionaban al paciente indicándole que existía una gran urgencia a la hora de firmar la financiación de los tratamientos puesto que estas supuestas ayudas podían acabarse, lo que ha demostrado ser rotundamente falso.


- También es responsable de este escándalo la Administración. El Consejo General de Dentistas ha alertado en numerosas ocasiones a los responsables públicos de que esta situación iba a producirse
y es más, estamos convencidos de que más cadenas corporativas similares cerrarán en el futuro si no se toman las medidas que llevamos años reclamando.


La acción más urgente es regular de una vez la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para evitar que haya anuncios y campañas engañosas que solo buscan mercantilizar el bien más preciado que tienen las personas, que es su salud.


Pero además reclamamos que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, según la cual, el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. Porque actualmente en España, cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos dentistas.


- El Consejo General de Dentistas no elude la responsabilidad que pudieran tener aquellos odontólogos que hayan cometido mala praxis o actuado contra la ética  y deontología que nuestra profesión requiere, y por ello los colegios oficiales de dentistas estudiarán cada caso concreto para proceder a la apertura de los expedientes informativos que sean necesarios.


El Consejo General de Dentistas mantendrá desde el primer momento una política detolerancia cero con los profesionales que no hayan actuado adecuadamente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Sin embargo, no es menos cierto que hay muchos dentistas empleados en este tipo de cadenas corporativas que también son víctimas de este modelo, puesto que han sido contratados en condiciones precarias, han sufrido impagos y retrasos en el cobro de sus nóminas e, incluso, han llegado a ser contratados como falsos autónomos. Ahora, estos dentistas, la mayoría de ellos con muy poca experiencia profesional dado que son numerosos los casos de odontólogos recién graduados, se encuentran sin empleo y en el punto de mira de los afectados.


- No cabe ninguna duda de que los pacientes son los principales damnificados de este modelo de negocio perverso,
 aunque también tienen su cuota de responsabilidad porque, aunque han sido engañados, han acudido a esta cadena de manera voluntaria, desoyendo nuestras continuas advertencias y pensando, muchos de ellos, que iban a ahorrar dinero en tratamientos que son sanitarios y que, en el caso de fracasar, pueden dejar unas consecuencias irreparables en su salud.


- El Consejo General de Dentistas de España y los Colegios Oficiales de Dentistas de nuestro país estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los afectados por el cierre de iDental, pero no tenemos la capacidad de tomar medidas contundentes que solucionen el problema, ni tampoco podemos obligar a los dentistas a terminar los tratamientos o solucionar los problemas que se han ocasionado,
 puesto que cada colegiado es un profesional liberal independiente que paga sus impuestos, cubre sus gastos y no recibe ningún tipo de ayuda ni está sujeto a nadie. El Consejo y los Colegios Oficiales podemos hacer de intermediarios, pero no podemos obligar a los dentistas a solucionar un problema ocasionado por un tercero.

- Consideramos fundamental que todos y cada uno de los damnificados reclamen el cumplimiento de sus derechos ante las organizaciones competentes. Deben conservar toda la documentación, solicitar una copia de sus historias clínicas y, si han suscrito algún crédito, reclamar ante la Entidad financiera correspondiente. Del mismo modo, si su caso es constitutivo de un delito de estafa o han sufrido una negligencia grave, es necesario acudir a la vía judicial, teniendo en cuenta que, aquellos ciudadanos que no dispongan de suficientes medios económicos y reúnan los requisitos exigidos, podrán solicitar asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de Abogados territoriales.


- Alertamos a todos los damnificados para que, a partir de este momento, tengan especial precaución a la hora de elegir las clínicas en las que terminar sus tratamientos, 
recordando la importancia y prevalencia de un buen diagnóstico y un tratamiento idóneo para cada caso por encima del precio ofertado, porque la salud de una persona no está de oferta.
 


- Del mismo modo, el Consejo General de Dentistas de España insiste en la necesidad de lograr la implicación de las autoridades sanitarias españolas, y para ello propone que este asunto pueda tratarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como las diferentes Comunidades Autónomas que conforman nuestro país.


- En conclusión, el Consejo General de Dentistas y los distintos Colegios Oficiales quieren mostrar públicamente su apoyo a los perjudicados a la vez que anunciamos que pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes todos los hechos acontecidos en el que consideramos el mayor escándalo sanitario dental de la historia de nuestro país.


 


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